En
una maratónica sesión, el senado la
Nación aprobó esta madrugada aquellas leyes reclamadas por el Grupo de
Acción Financiera Internacional (GAFI), que incorporan como delitos en el Código Penal a todas aquellas acciones destinadas a afectar el orden
económico y financiero, y que castiga "las actividades
delictivas con finalidad terrorista" .
La
ley
sobre antiterrorismo
fue sancionada por 39 votos favorables y 22 negativos, y duplica las
penas para los delitos ya establecidos en el Código Penal y para
quienes "directa o indirectamente" financien el terrorismo
y actividades afines.
Desde
el momento en que la ley fue aprobada en la cámara baja, quedó
instalado el debate. El diputado Fernando Solanas (Proyecto Sur)
señaló que la norma “hiere las mejores tradiciones democráticas
argentinas”, y agregó que “Esta más que claro que nunca el giro
y el cambio de modelo de un Gobierno que se dice progresista e
impulsa una ley que viene pidiendo el Grupo de Acción Financiera
Internacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI). No sólo el
Gobierno cede ante las presiones internacionales sino que impulsa la
reconolización de América Latina y de la Argentina y aquel que
intente resistirse o se oponga a la entrega de miles de hectáreas de
tierra, de recursos minerales, de los bosques o del subsuelo puede
ser considerado terrorista”.
Hubo
opiniones encontradas en varios sectores de la oposición, y como
contrapartida, el presidente de la comisión de Justicia, el
kirchnerista entrerriano Pedro Guastavino, sostuvo que solo serán
considerados como delitos
de terrorismo las
actos que sean "cometidos con la finalidad de aterrorizar a la
población" u obligue a gobierno nacional o extranjeros "a
realizar un acto o abstenerse de hacerlo".
A
pesar del párrafo destacado por el oficialismo que expresa que: "Los
agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o
los hechos de que se traten tuvieran lugar en ocasión del ejercicio
de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derechos
constitucional", el radical Ernesto Sanz (UCR) sostuvo que esta
medida "abre la puerta a la penalización de la protesta social,
porque la aplicación está dejada a la discrecionalidad de la
justicia".
Ante
el temor de varias organizaciones y de los propios legisladores, el
ministro de Justicia, Julio Alak, ratificó que
“Hemos
sido sumamente prudentes” al momento de elaborar el proyecto,y
agregó que “está muy claro que no deben ser criminalizadas las
protestas sociales”.
Por
su parte, el senador Mario Cimadevilla (UCR), agregó que la ley
“tiene muchas similitudes con la ley chilena 18.314, que es una ley
de la dictadura de Pinochet”,y explicó que “es la que se ha
utilizado en Chile para reprimir los actos de los pueblos
originarios, por lo que ese país enfrenta la posibilidad de una
condena internacional.”
Cimadevilla
agregó que “el CELS dice que la criminalización judicial de la
protesta social se ha concretado en el inicio de miles de procesos
penales, al margen del derecho, con la única finalidad decontrolar
ilícitamente la acción política en el campo popular. Este
despliegue coercitivo, además de la latente posibilidad de una
pena, ha sido utilizado por la administración de justicia como una
auténtica herramienta de sometimiento sobre los manifestantes”.
El
senador radical recordó que en mayo de 2002, “la CTA denunció que
más de 2.800 personas se encontraban bajo proceso, de acuerdo con la
Secretaría de Derechos Humanos de la entidad sindical. En la mayoría
de estos casos, eran trabajadores organizados sindicalmente, que
habían reclamado por algún derecho”.
Hacia
el final del debate en el senado, Rubén Giustiniani (Frente Amplio
Progresista), quien dijo que “parecería que el GAFI es bárbaro,
que lo que nos diga lo tenemos que cumplir. Está claro que el FMI es
malo, pero el FMI es parte del GAFI y el Banco Mundial también es
parte del GAFI. El GAFI es un organismo internacional formado por el
G7 –es decir, los países poderosos del mundo y que viene
incorporando recomendaciones con una “clara lógica política e
ideológica del Acta Patriótica de Bush”.
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Sbatella advierte que la norma podría alcanzar a los medios
El
titular de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), José
Sbatella, explicó que la ley antiterrorista está "previniendo es la posibilidad de que un grupo de
personas con gran poder económico pueda concertar una política para
vaciar las reservas o atemorizar a la gente para que saque la plata
de los bancos. Los que generan eso son un núcleo muy reducido que
luego difunden la situación con los medios", y agregó que "eso es aterrorizar
a la población".
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