Tras varios años de debate y polémica, los diputados convirtieron en ley el proyecto que regula la actividad de las empresas de medicina prepaga y establece límites a los aumentos de las cuotas para afiliados mayores, tras aceptar los cambios realizados por el Senado a la norma.
El proyecto contó con el respaldo del Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro, la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, GEN, el Peronismo Federal y Proyecto Sur, en tanto que el PRO y la Coalición Cívica se abstuvieron.
“Detrás de esto creemos que hay un interés específico por parte del gobierno de buscar la quiebra o el lesionamiento financiero de algunas empresas de medicina prepagas para servírselas en bandeja a las obras sociales sindicales”, disparó la diputada del PRO, Laura Alonso.
La legisladora manifestó que su bloque se abstuvo en la discusión vinculada a esta medida- que contaba con media sanción de la Cámara Alta y que fue aprobada con 190 votos afirmativos y nueve negativos- porque no están “a favor de votar una ley que se presenta como favorable a los usuarios de la medicina prepaga”.
“Creemos que va a ir en contra de los derechos y los beneficios que reciben 4 millones y medio de personas. Hemos decidido la abstención. Hay mucho voluntarismo jurídico, hay mucho discurso demagógico, que se está vendiendo una ley que va a ser mejor para los usuarios de prepagas y no va a ser mejor ni para ellos ni para el sistema de salud argentino porque no se puede establecer regulaciones parciales o especificas que siguen segmentando y profundizando la inequidad que existe entre los más pobres y los más ricos en la Argentina”, agregó.
Por su parte, el diputado de Proyecto Sur, Claudio Lozano, denunció que “el Senado excluyó a mutuales, asociaciones civiles y fundaciones y existe hoy en la Argentina una realidad donde estas formas jurídicas, en muchos casos, encubren la existencia de empresas de medicina prepaga concretas. Esto hace que empresas como el Hospital Italiano, el Hospital Británico y OSDE puedan quedar afuera de esta regulación” y resaltó que “la Cámara Alta no mejoró la cosa sino que la empeoró”. “A los efectos de que esto no se demore ni se caiga vamos a acompañar esto y en función de cuál sea la reglamentación que el Poder Ejecutivo haga estableceremos la necesidad de una ley correctiva posterior”, detalló subrayando que se le está dando “un marco regulatorio razonable a un mercado donde sólo cinco empresas concentran casi el 80 por ciento de la facturación”.
Para la diputada radical, Norah Castaldo, “el marco regulatorio tiene algunos aciertos importantes”. “Las grandes criticas están centradas en las disposiciones del Artículo 10”, vinculado al período de carencia y de las enfermedades pre existentes, que a las empresas de medicina prepaga “pueden llevarlas al colapso”, aseveró.
Finalmente, el diputado del Frente para la Victoria y presidente de la comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara Baja, Antonio Morante, defendió la medida. “Lo importante de esto es que a partir de ahora va a estar establecido por ley que la prestación mínima obligatoria que van a tener que cumplir todas las empresas es garantizar el Programa Médico Obligatorio”, remarcó.
El diputado consideró que “es oportuno y necesario” que Argentina tenga una ley que establezca el marco regulatorio de la medicina prepaga y anticipó que “la ley no se puede modificar”.
Las críticas ya se empezaron a oir. Los directivos de las empresas de medicina prepaga esperan que se suavicen los efectos negativos, y en algunas compañías advierten que ya estudian la posibilidad de recurrir a la Justicia, para cuestionar artículos que entran en contradicción con otras normas.
Videos: Alexandra López (sesionar)
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