viernes, 15 de abril de 2011

Aumenta la presencia del Estado en empresas privadas

El ministro de Economía, Amado Boudou, anunció ayer la firma del decreto 441 (cuya publicación en el Boletín Oficial está prevista para hoy), que dispone la eliminación de un límite del límite del 5% (inciso F de la ley 26.425) que tenía la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para ejercer sus derechos accionarios en esas compañías.
De esta manera El Estado queda habilitado a una mayor injerencia en el Directorio de las más de 40 empresas con participación accionaria heredada de las AFJPs.
El tope del 5% fue parte de la negociación por la sanción de la ley de estatización. Lo que para algunos resulta extraño, es el porqué esta modificación fue realizada  mediante un DNU en lugar de recurrir a una ley, y explicar los fundamentos que llevan al Estado a aumentar una participación que había accedido a mantener menor al 5%.
La ley 26.425,  que regía la actividad de las administradoras privadas de fondos de jubilación les impedía acumular un porcentaje mayor al 5% en acciones de una misma compañía, pero hace dos años, cuando las tenencias de las AFJP pasaron a integrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, el organismo estatal se encontró que en muchos casos, al sumar las acciones que estaban en poder de varias administradoras se superaba ese límite. 
De cualquier forma, el decreto habilita al Gobierno a poner más directores propios en 42 empresas privadas con participación pública. De esta forma podría además ejercer un mayor control sobre empresas como Grupo Clarín, donde cuenta con el 9% de las acciones.
Las repercusiones se vieron además en la CGT que lidera Hugo Moyano, donde se reclamó poder asignar directores en empresas privadas. “Nosotros creemos que tenemos el derecho a solicitar esto”, fundamentó el dirigente cegetista Juan Carlos Schmid. “Nos corresponde naturalmente”, completó el sindicalista.
Por su parte, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación Empresaria Argentina (AEA) criticaron ayer duramente la decisión oficial de aumentar la presencia del Estado en las compañías privadas y el deseo de la CGT de que se nombren sindicalistas en los directorios.


Orígenes de la ley 26.425
El tema de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y sus fondos es muy controvertido. En 2007 el poder ejecutivo había reinstaurado la posibilidad para cada aportante de volver al sistema de reparto. Pocos lo hicieron: si bien 1.2 millones de personas optaron por Reparto, más de 9 millones eligieron quedarse en las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones
Un año más tarde se decidió impulsar la estatización de los fondos de jubilaciones que estaban en mano de las AFJP, entidades creadas por sanción de ley de Congreso Argentino de mayoría peronista, en la década del 90. Fue en este momento, cuando el kirchnerismo debió ceder como parte de la negociación en el Congreso, y limitó la participación del Estado en el derecho a voto en los directorios de las empresas.



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