Este proyecto sostiene que todos los organismos de gobierno, como las instituciones y organizaciones de la sociedad civil que sean beneficiarias o reciban subsidios por parte del Estado, deben respetar en los diseños de páginas web las normas y requisitos sobre accesibilidad de la información con el objeto de facilitar el acceso a los contenidos de todas las personas con discapacidad.
En España ya existe una ley similar que no se cumple, por ejemplo en el ambito universitario, donde se estima que solo en un 60% de las webs cumple los criterios de accesibilidad, según datos del Informe de Accesibilidad de Portales web Universitarios.
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